La crisis oficial que el sistema político, social y
económico en la que España está sumida desde hace ocho años se encuentra en
plena fase de profundización. Los niveles de pobreza, desempleo, precariedad y
miseria general se disparan a la velocidad de las pelotas de goma con la que
las fuerzas de orden y seguridad del estado fascista tienen ordenado proteger. Todo
ello sería imposible sostenerlo sin el uso y subsiguiente aumento de la
represión, parte dialéctica del tema que abordaremos, razón de ser de nuestra
organización: la amnistía.
Es una ley política que a medida que la burguesía incrementa
su represión hacia la organización de la clase obrera, la resistencia de ésta también
lo hace, de manera gradual o exponencial, eso depende de las condiciones
objetivas del momento. No descubrimos nada al indicar que la correlación de
fuerzas es desfavorable, pero es tal el grado de desconcierto que impera en el
movimiento popular que nos sentimos empujados a dejar claro nuestro
pronunciamiento al respecto.
Lo que está claro es que la amnistía como reivindicación
política es una necesidad primordial a la que el conjunto de los trabajadores
debemos aspirar a conseguir si queremos alcanzar los derechos dignos que la
burguesía nos niega a diario.
Por lo tanto, creemos que es necesario conocer cuál es el
inicio y el desarrollo de la lucha por la liberación de los presos políticos,
para que así podamos organizar la solidaridad de manera efectiva.
Pensamos que los datos que hemos reunido pueden servir como
contribución a la hora de clarificar algunos aspectos sobre el asunto,
importantes para difundir la consigna.
LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (1812)
Para que nos hagamos una mínima idea de la falta total de
libertades políticas de las que el pueblo se ha visto privado durante la
historia del estado español, la primera ley de derogación penal por causas
políticas se promulga por primera vez a principios del siglo XIX.
El Artículo 171 de la Constitución de 1812 otorgaba a la
figura del rey la decisión de “indultar delincuentes con arreglo a las leyes”.
De hecho, aparecieron diputados en las Cortes que se mostraban contrarios a que
la reforma del Código criminal de la época concediera una amplía liberación de
los presos, viendo la puesta en libertad como último recurso ante la
obsolescencia de otras leyes. Sin embargo, el artículo fue aprobado por las
Cortes.
No obstante, casi no llegó a entrar en vigor, a causa de la
situación en la que el estado se encontraba, en plena Guerra de Independencia
contra el imperio francés.
La Constitución de 1837 se limita a subrayar el artículo de
la de 1812, haciendo lo mismo la Constitución de 1845. En 1856 se trató de
decretar una ley de indulto general, limitando la amnistía al excluir a los
gobernantes, otorgando la práctica a decisión del Parlamento. Pero la
resolución no siguió adelante por motivo de la inestabilidad política de aquel
momento y se terminó por restablecer la de 1845. Habría que esperar a 1869
para que se tratara de nuevo de establecer una novedad.
LA LEY DE INDULTO DE 1869
A consecuencia de la crisis que se da en 1866 en todas las
formas del sistema monárquico constitucional, estalla La Gloriosa (Revolución
de 1868), obteniendo la victoria la burguesía liberal enfrentada al reinado de
Isabel II y dando lugar al Sexenio Democrático. Se abre un breve período que
intenta romper con las anteriores formas de gobierno vistas en España,
incluyendo en lo que concierne a la amnistía.
La Constitución de 1869, aprobada por el Gobierno
Provisional, volvía a atribuir al Rey la práctica de la ley de indulto, que a
su vez seguía exceptuando su aplicación a los gobernantes. Se propuso una ley de
indulto particular. Parte de las Cortes se niegan a que la práctica del indulto
particular deje de ser facultad del Rey. Esta ley produce controversia a raíz
de una enmienda finalmente rechazada, con la que se pretendía extender la
prohibición del indulto a las acciones que infringían la Constitución. El 18 de
Junio de 1870, se gestiona la “Ley Provisional estableciendo reglas para el
ejercicio de la gracia de indulto”. Sin embargo, la cuestión permanece en el
aíre por la falta de fuerza de las masas oprimidas que propicie que las clases
reaccionarias cedan al cumplimiento de la amnistía. No sería hasta la
proclamación de la II República cuando la reivindicación se vuelva a plantear.
AMNISTÍA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA
El nombramiento de la II República supuso el inicio de
una época de libertades nunca antes habidas en la historia de España. Si bien
es cierto que las condiciones que la república brindó fueron adecuadas para el
avance del movimiento popular (es más, su instauración fue producto de la misma
lucha de las masas), esta no dejó de ser un intento por parte de la oligarquía
de impedir la toma de poder por las clases oprimidas.
El control de los oligarcas sobre la república queda
reflejado en la amnistía, en concreto en la Constitución de 1931, tan endiosada
por los progres, en la que deniegan el indulto general. Aunque la mayoría de la
Cámara de Diputados se postuló en contra de la amnistía, también hubo una parte
que abogó por concederla.
Se llegó a proponer la constitucionalización de la pena de
muerte, por lo que se llegó a tantear la libertad para los presos por razones
de humanitarias, políticas y sociales, pero la propuesta quedó en nada.
La práctica de la amnistía corría a cargo del Jefe de Estado, el Presidente de la República, requiriendo el informe del Tribunal Supremo y
supeditando la amnistía al Gobierno.
Las luchas obreras y campesinas por la mejora en sus condiciones
de vida se sucedían durante el transcurso del Gobierno Provisional y el bienio
reformista. Las intenciones de insurrección popular cada vez se
hacen notar más, sobre todo de cara a asesinatos en masa como la Masacre de Casas
Viejas. Las conquistas democráticas que las masas alcanzaron desde el principio
de la república fueron siendo retiradas cuando el bienio negro se impuso en las segundas elecciones. Las detenciones
políticas aumentaban y las cárceles iban albergando cada vez más presos. El 5
de Octubre de 1934, en Asturias los obreros se hacen con el poder, habiendo el
ejército puesto fin a la ofensiva en dos semanas. 30.000 trabajadores son
encarcelados.
Las masas se manifiestan en las calles por la libertad de
los presos políticos, dándose asaltos a las cárceles para liberarles y motines
de los propios presos exigiendo su inmediata liberación. El Frente Popular,
conformado por organizaciones obreras con algún preso político, va tomando
forma. La amnistía no tardará en llegar.
AMNISTÍA DEL FRENTE POPULAR
Ante la necesidad imperiosa de paliar la situación represiva
en la que se encontraba el pueblo, el Partido Comunista le presenta al Frente
Popular una propuesta de cuatro puntos como programa electoral, siendo el primero
de ellos y la piedra angular del mismo la amnistía para todos los presos
políticos.
El 16 de Febrero de 1936, el Frente Popular gana por mayoría
las elecciones y el 21 de Febrero la amnistía es aprobada por la Diputación
Permanente de las Cortes. Los presos políticos por fin son liberados. Empieza
un período histórico sin precedentes en la historia del estado español, lleno
de esperanza para las clases populares. Con total seguridad, sin este punto, el
Frente Popular no hubiera podido salir victorioso, debido a que aportaba una solución
real a unos de los problemas fundamentales de las clases oprimidas como lo era
la ausencia de libertades políticas.
La conquista de la amnistía fue la llave que abrió la puerta
de la llegada de toda una serie de medidas democráticas que la clase
trabajadora llevaba generaciones esperando y que dieron paso a la República
Popular. El Frente Popular empezó enseguida a aplicar el resto de puntos de su programa,
los cuales constaban de mejoras en las condiciones laborales de los
trabajadores, reforma agraria y derecho de autodeterminación.
El fascismo no paró de conspirar contra el gobierno
progresista del Frente Popular y de violentar el ambiente hostil provocado por
sus fuerzas reaccionarias en el que trataba de aplicar su programa,
desembocando sus ataques en el golpe de estado del 18 de Julio de 1936, que
llevaba planeando tiempo atrás frente al poder que estaban
alcanzando las masas.
Tras tres años de guerra civil en los que el bando
antifascista dio un gran ejemplo de heroicidad defendiendo la República
Popular, el 1 de Abril de 1939 el fascismo se impone mediante una barbarie
genocida en toda regla con la ayuda directa del nazismo alemán, el fascismo
italiano e indirecta de las “democracias” occidentales, dejando tras de sí la friolera
de un millón de muertos y obligando a cientos de miles de personas a exiliarse.
Todo atisbo de progreso fue arrasado. Las cárceles se
llenaron de presos políticos, montones de ellos fueron fusilados y quienes
permanecían en las prisiones fallecían a causa de las lamentables condiciones
de vida en las que tenían que sobrevivir. Bastantes de ellos subsistían con la
ayuda que sus familias y los solidarios les hacían llegar desde el exterior,
porque el sistema penitenciario prácticamente les abandonaba a su suerte.
Pero a pesar de la gigantesca desmoralización que implicó la
derrota de la guerra y la represión con la que la dictadura intentó paralizar a
la clase trabajadora, la lucha prosiguió. Las huelgas y las protestas se
desarrollaron todavía en vida de Franco, con los consecuentes asesinatos y
detenciones que el fascismo daba como respuesta.
Una vez que el régimen comenzó a maniobrar la transición, la
lucha por la amnistía empezó a reanudarse.
LEY DE AMNISTÍA DE 1977 (O LEY DE PUNTO FINAL)
Si el país ya era un hervidero de lucha en los últimos años
de vida del dictador, la situación se agudiza una vez que éste desaparece
físicamente. Los presos se apretujan en las cárceles.
El 25 de noviembre de 1975, tras el nombramiento de Juan
Carlos como heredero del genocida, se concedió un indulto general, conferido como un “homenaje en memoria de la egregia figura del
Generalísimo Franco (q. e. G. e.), artífice del progresivo desarrollo en la paz
que ha disfrutado España en las últimas cuatro décadas”. La amnistía seguía
siendo considerada delito político por la legislación franquista. La represión
es desmedida, por lo que todas las organizaciones de carácter popular recogieron
la amnistía como primer punto en sus programas.
El 30 de Julio de 1976 es anunciada una ley de amnistía
parcial, dirigida a presos no condenados por motivos políticos, firmada por
Juan Carlos, ya Jefe de Estado designado por Franco, y Adolfo Suárez, secretario general
del Movimiento Nacional. La transición que cambió algo para que todo siguiera
igual no hizo más que comenzar. La ley no incluía a los presos comunes, por lo
que con frecuencia se organizaron motines. Los jefes militares del ejército
presionaron para que los militares amnistiados no recuperaran sus empleos ni
titulaciones. Cientos de presos fueron puestos en libertad, pero la ley era una
farsa, puesto que las razones políticas de los encarcelamientos seguían siendo
delito. Los presos políticos seguían siéndolo y el pueblo reclamaba la amnistía
total. A su vez, los usurpadores y traidores que llevaban décadas apuñalando al
movimiento obrero por la espalda vieron el cielo abierto. Junto con los
fascistas, confabulaban utilizar la ley de amnistía como chantaje para que la
lucha revolucionaria acabara y se permitiera a unos, mantenerse en el poder, y
a otros, ejercer de colaboradores. Mientras tanto, las manifestaciones pro
amnistía representan la vanguardia del movimiento popular. Las fuerzas
represivas y los grupúsculos terroristas del estado apresan, torturan y
asesinan a montones de manifestantes y militantes políticos con la intención de
frenar la consigna. El régimen cada vez se ve más obligado a cambiar sus formas
de dominación para que la cosa no se le vaya de las manos.
El 11 de Enero de 1977 se habla de una amnistía que anule
las penas por motivos políticos entre el 18 de Julio de 1936 y el 15 de
Diciembre de 1976, en la que incluían a todos los criminales de guerra, los
asesinos y los colaboracionistas del bando fascista, una auténtica afrenta que
el movimiento pro amnistía, estando al máximo de sus fuerzas, ausente de una
fuerte dirección revolucionaria y viéndose extorsionado por los revisionistas y
los reformistas, no logra echar para atrás. El gobierno sigue negándose a
conceder la amnistía. El 14 de Marzo, después de una serie de acciones
revolucionarias realizadas por organizaciones armadas y las movilizaciones
populares, se proclaman dos decretos. Las elecciones se hacen en medio de una
flagrante lucha en la calle, ante el incremento de presos políticos.
El 15 de Octubre, la ley de amnistía es aprobada ante todos
los grupos parlamentarios, a excepción de la abstención de Alianza Popular (el
germen del PP, que bastantes años más tarde la apoyaría).
Estaría bueno apuntar que a organismos internacionales como la ONU o Amnistía
Internacional, aunque han pedido varias veces su derogación a causa de la liberación de
los fascistas que trajo consigo la ley de amnistía, nunca se les ha ocurrido
mencionar una sola vez la amnistía para los presos políticos que siguen
encerrados en las cárceles del estado español (de hecho, niegan su existencia). Bien haría Amnistía Internacional el plantear
cambiar su nombre por “Amnesia”, le definiría a la perfección, y no mancharía tan
intocable reivindicación.
Es imprescindible recordar que mientras unos presos salían,
otros entraban de inmediato. El 9 de Octubre, días antes de ser aprobada la
amnistía, el Comité Central del PCE (r) es detenido en una reunión en Benidorm.
Sus presos y los de los GRAPO no fueron amnistiados, continuando su lucha en la
cárcel contra la dispersión, por las mejores en las condiciones de vida en
prisión, protagonizando huelgas de hambre (la de 1989 duró 435 días, siendo la
más larga de la historia del estado), costando la vida de un militante de las
respectivas organizaciones (Juan José Crespo Galende y José Manuel Sevillano) y dejando al borde de la muerte y con secuelas de por vida a otros tantos; y, por supuesto, la amnistía. Pese a las adversas condiciones en las que tuvieron que mantener la lucha y a
no haber logrado poner fin a la existencia de presos políticos desde 1939,
estas organizaciones continuaron resistiendo a la represión selectiva con la
que el estado fascista se ensañó con ellas.
El PCE (r), los GRAPO, el Socorro Rojo Internacional, las
organizaciones solidarias con los presos políticos y el Movimiento de
Liberación Nacional Vasco permanecieron como el baluarte del movimiento de
resistencia antifascista en España, siendo el blanco principal de la represión
del estado fascista hasta el fin de la transición y posteriormente.
Un detalle que suele pasarse por alto al recordar la lucha
por la amnistía de por aquel entonces es su prohibición por la posterior Constitución
de 1978, por lo que el ápodo a la última ley de amnistía de “Ley de Punto
Final” le viene sin duda como anillo al dedo. La máxima cara visible del
genocidio en España lo avisó antes de estirar la pata: “lo dejo todo atado y
bien atado”. Y a partir de entonces, dejó de hacerse lucha obrera, dejó de
haber resistencia antifascista y, por consiguiente, dejaron de existir presos
políticos. Pero la historia de verdad, la de los oprimidos, no dice lo mismo.
El legado de dignidad que las organizaciones populares que
no pasaron por el aro de la rendición, representado en los mártires que el todavía
vigente fascismo español les arrebató, en los presos que salieron sin
arrepentirse de lo que uno no se puede arrepentir nunca y de los que aún siguen
recluidos en las prisiones es un grito indomable que viene a poner en su sitio
a todos y cada uno los colaboradores del régimen que hoy, frente al estrepitoso
fracaso de la transición de la dictadura, intentan borrar de un plumazo.
La historia demuestra que si hoy bastantes de nosotros
estamos en la lucha, es gracias a la batalla que los revolucionarios continuaron
a partir de la derrota de nuestros antepasados en la Guerra Nacional
Revolucionaria. Somos la prueba viviente de esa contienda. El movimiento de
nuevo tipo que se gesta desde prácticamente el inicio de la crisis no surge de
la nada, es una prolongación de la lucha popular que empieza desde el final de
la transición hasta la actualidad. No vamos a permitir que la desprendan de
base política, tal y como se hallan pretendiendo hacer con su punta de lanza:
la propia amnistía.
LA LUCHA POR LA AMNISTÍA EN EL PRESENTE (CONCLUSIÓN)
Después de analizar la historia de la amnistía en el estado
español, vemos que apenas se ha logrado llevar a cabo, exceptuando su
aplicación tras el paso de la República burguesa a la República Popular.
Su consecución simboliza un gran anhelo, además de poseer un
inmenso calado para la clase obrera de este país, por lo que su importancia
cobra hoy en día más sentido que nunca.
Como hemos podido comprobar en el transcurso de los últimos
tiempos, el oportunismo, aprovechando el momento represivo generalizado que atraviesa el movimiento de
resistencia y el movimiento popular, se ha encargado de despojar al concepto de la amnistía de
contenido político, al igual que tiempo atrás ya lo venía haciendo con otros conceptos,
como el de república o democracia.
Ante la urgente necesidad derivada de la confusión provocada
por la creación de vacío ideológico que los agentes reformistas, infiltrados
entre las filas del movimiento obrero, se encargan de ahondar, nosotros
defendemos la consigna de la amnistía como total, sin medias tintas y yendo al
origen del problema, que últimamente se encuentra más encubierto que nunca por
la rama que le ha crecido para seguir ocultando su raíz. Esta rama es la
llamada “amnistía social y sindical” (desde hace poco también “política”; “total”,
ni rastro).
Corresponde preguntarnos a todos aquellos que luchamos por
la solidaridad absoluta por qué surge y qué objetivos tiene el tan cacareado
reclamo. No podemos olvidar que la aún actual crisis es dada a todos los
niveles, y que el reformismo, como parte del régimen, también se halla en
aprietos. Para seguir sosteniéndose, no le queda otra que introducirse en
principios como el de la amnistía, de los que hasta ahora estaba apartados y
que adquieren cada vez más relevancia y fuerza entre las masas, con la
intención de promover desorden y poner en punto muerto el avance que sería para
ellas su logro y el consecuente retroceso que implicaría para el propio
reformismo. El objetivo de esa caricatura de la amnistía es la incitación a la política del legalismo del estado y la condena de la lucha revolucionaria consecuente. Para
disculparse, sugieren que hay que utilizar el momento mediático que la
reivindicación está viviendo. Esto tiene trampa. Tenemos que tener claro cuáles
son los intereses y los beneficios de cada posición. La del movimiento
solidario ha de ser firmeza en los principios y flexibilidad en la práctica, lo
que quiere decir que debemos aprovechar para divulgar al máximo de nuestras
posibilidades la premisa de la amnistía, pero al mismo tiempo hemos de
denunciar la falta de contenido de la reivindicación que defendemos,
refiriéndonos de paso a la distorsión histórica que afirma la falta de presos
políticos desde la Ley de Punto Final hasta ahora y la política de las organizaciones
revisionistas que han ocultado su existencia al pueblo, cuando no los ha mostrado
como terroristas. Si no lo hacemos, estaríamos haciéndole el juego al enemigo.
Conviene resaltar que el deliberado planteamiento erróneo
que el reformismo hace de la amnistía está a su vez destinado a ocultar el resultado
que conllevaría su conquista, que sería la anulación del motivo de la condena
de los presos como delito penal, y el enorme cambio que supondría en las
condiciones de la lucha de clases en nuestro país. Pero esto es obvio que no
les interesa que suceda.
No asumimos concesiones de ningún tipo. Nuestra posición es
clara. Al contrario de lo que otros aseguran y que no merecen ni la mención,
nosotros nacimos para resistir, porque sólo resistiendo se puede ganar. El
resto son meros intentos de justificación de traición de las ideas
revolucionarias. Que los renegados y sus cómplices especulen lo que quieran. Si
nos atacan es señal de que vamos por buen camino. No aceptamos discusión sobre
la amnistía, básicamente porque no la hay. Hay que organizar la lucha por la
libertad de todas las personas que sean encarceladas por el sistema capitalista
debido a razones políticas. Y la organización de esa lucha nos concierne a
nosotros: los trabajadores. Pongámonos manos a la obra.
